En la mañana de Déjame que te cuente, Luis Bremer estuvo conversando con Gustavo López de ENACOM respecto de las declaraciones del Presidente Alberto Fernández sobre la aplicación de la concepción de la conectividad como un servicio público.

En realidad, así fue declarado en el DNU 690/2020 que luego fue suspendido por la Justicia.

“La consideración de la conectividad como servicio público trae dos grandes consecuencias: una es la regularización del precio, las empresas no pueden aumentar el precio sin la autorización del Estado, y la segunda es la prestación básica universal, para aquellas personas que no puedan pagar las tarifas mínimas de las empresas se establecerá una prestación mínima con un precio básico regulado por el Estado”, explicó López.

Así se aplicó hasta abril de 2021, cuando dos jueces de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal decidieron suspender por 180 días, lo que trajo aparejado un aumento abusivo de los precios.

López afirmó: “La regulación del precio va en relación a la inversión, a los costos, ninguna de las empresas perdió ni perderá dinero”.

Respecto de la poca competencia que existe en el sector, señaló que “en algunos casos la competencia no se da porque hay limitaciones en normas municipales o provinciales. El presidente también quiere modificar eso. Ha quedado más que comprobado que la competencia baja los precios” y que “el valor de la unidad de medida de la conectividad (el mega) no tiene un valor único, depende de que haya o no competencia”.

Explicó que “la regulación era asimétrica, tenía en cuenta algunos aspectos para empresas grandes y otros para empresas chicas, como ser la estructura de costos, la inversión. Algo que era para proteger al usuario, al consumidor, para que todos puedan acceder a un servicio esencial, pero dos jueces decidieron suspenderlo por seis meses, y esto ha generado un descalabro de un servicio imprescindible hasta para que te den la vacuna, se puede ir a las nubes porque dos jueves permitieron que se cobre cualquier cosa”.

La crítica que plantean desde la ENACOM es por qué un DNU ratificado por el Congreso, fue suspendido por el Poder Judicial sin haberse declarado inconstitucional.

El Estado tiene una empresa mayorista que es ARSAT que ha bajado muchos los costos, todos los proveedores mayoristas quieren conectarse porque cobra en pesos y no en dólares. La clave es que ARSAT continúe ampliando su red para continuar abaratando los costos.

Remarcó que el diálogo siempre se mantuvo abierto, pero las empresas, al recurrir a la justicia, rompieron el diálogo.