El Grupo ST, un conglomerado financiero propietario de las aseguradoras Orígenes y Life, liderado por Pablo Bernardo Peralta, se encuentra en el centro de una investigación judicial debido a su presunta participación en un escándalo relacionado con la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
Informe: Lourdes Marchese.
El juez federal Julián Ercolini está a cargo de la investigación que busca esclarecer las irregularidades en la designación de brokers intermediarios y la tercerización de seguros a empresas privadas, como en el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Gendarmería Nacional.
Estas maniobras fueron posibles gracias a un polémico decreto emitido por el ex presidente Fernández, que obligaba a todos los organismos gubernamentales a asegurar sus operaciones con Nación Seguros.
El Grupo ST, que recientemente adquirió la cartera de seguros de vida de la empresa estadounidense Prudential en Argentina, ha experimentado un crecimiento exponencial durante la gestión de Fernández y su participación está en la mira sobre sus prácticas comerciales y su relación con el poder político. Los ejecutivos del grupo tienen llegada a los políticos.
Según fuentes judiciales, la investigación se centra en determinar si existieron irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales y si hubo beneficios indebidos para el Grupo ST y otros actores involucrados. Se están analizando los contratos firmados, las comisiones cobradas por los brokers y los vínculos entre las partes implicadas.
La adquisición de Prudential por parte del Grupo ST, una operación que le permite aumentar significativamente su participación en el mercado de seguros de vida y retiro en Argentina, también ha sido objeto de escrutinio en el marco de esta investigación.
La Justicia Federal avanzará con las pesquisas y no se descarta llamar a declarar a los principales involucrados en las próximas semanas.
Este escándalo generó preocupación en el sector financiero y asegurador, y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la contratación de seguros por parte de organismos estatales. La investigación judicial en curso será clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los actores involucrados, entre ellos el Grupo ST.
