La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió su sobreseimiento en la causa por supuesto encubrimiento al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y negó haber cometido alguna conducta delictiva u omisión en su tarea, al prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

"Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito me puede ser reprochado", sostuvo Alonso en un escrito entregado al juez federal Luis Rodríguez.

La funcionaria remarcó que cumplió "con absolutamente todos los deberes" a su cargo y que no omitió "ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada".

También expresó que desempeñó la función pública "con total integridad, probidad y buena fe".

"No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria en autos", manifestó en el escrito.

"Vengo a formular las siguientes manifestaciones con el fin de explicar la actividad desarrollada en el ámbito de la Oficina Anticorrupción bajo mi dirección, acreditando los quehaceres ejecutados la inexistencia de ninguna conducta u omisión que pueda calificarse como delictiva", introdujo en su descargo.

Alonso arribó junto a su abogada, Marta Nercellas, al cuarto piso de Comodoro Py 2002, 20 minutos antes de la hora fijada para el trámite, a las 10.40 y tras un breve paso por la ventanilla del juzgado para anunciarse ingresó al juzgado de Rodriguez sin hacer declaraciones a la prensa.

"El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello", agregó en alusión al fiscal del caso, Carlos Stornelli.

Sobre el hecho concreto que se le imputa, haber supuestamente encubierto de manera agravada el vínculo de Aranguren con la empresa Shell, detalló una cronología de los hechos para mostrar que "el expediente en cuestión no sufrió demora o retraso alguno en su tramitación".

Alonso enumeró lo hecho desde que se recibió la denuncia del diputado Martín Doñate el 16 de marzo de 2016 que señalaba que Aranguren además de haber sido previamente presidente de Shell era además tenedor de acciones, "circunstancia hasta entonces desconocida".

Alonso explicó que se inició un expediente y que "el único período en el que no se verificó actividad" fue "aquel en que el mismo se encontró en la sede de ese Juzgado, de donde la OA expresamente lo reclamó para que sea devuelto y así poder continuar su tramitación".

En el caso hubo una resolución el 9 de septiembre de 2016 en la que "expresamente se estableció que en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto".

"Con posterioridad al dictado de la resolución de la OA, otro organismo estatal (ajeno a la OA) verificó que el deber de abstención de intervención que recaía sobre Aranguren había sido debidamente cumplido por él" en el caso de Shell.

La funcionaria recordó que "en estricto cumplimiento del deber de prudencia" se le recomendó la venta de las acciones.

Aranguren, sostuvo Alonso, se abstuvo de intervenir en las resoluciones vinculadas a la petrolera de la que fue accionista.

El ex ministro fue indagado la semana pasada, y ahora el juez Rodríguez quedó en condiciones de resolver las situaciones procesales de ambos, aunque Alonso solicitó que se ordenen más medidas de prueba, como citaciones a testigos.