Brevemente, quisiera hablar de tres noticias de las últimas horas. La primera: procesaron a Mauricio Macri por espiar a familiares de víctimas del submarino Ara San Juan. Recorto parte del fallo del juez Bava. "El gobierno nacional, que el imputado encabezaba, espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares", escribió el juez. El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde en conversación con periodistas, acusó a Bava de encabezar una "persecución" en su contra. Larreta aseguró que Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. María Eugenia Vidal manifestó “solidaridad” con el ex presidente, dijo que es una “justicia que no es justicia” y que jueces como Bava “nos avergüenzan”. Los dos repitieron lo que dijo Macri: que hay persecución, contra Macri. Lo curioso es que ambos son querellantes en la causa en que se investiga si Macri los espió a ellos mismos. En clave marxista, casi podríamos decir que “el oprimido reproduce el discurso del opresor”. Mario Negri, por su parte, dijo lo que indica el manual: “Así es la justicia K”.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, seguramente va a apelar el procesamiento, aunque la intención es llevar la causa a los conocidos tribunales federales de Comodoro Py, es decir, donde están los jueces amigables (los ingleses los llaman friendly). Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de un submarinista fallecido, dijo que la resolución de Bava es un gran paso, "A pesar de las presiones se hizo justicia", resaltó. La abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria en la causa, dijo que la medida del juez "significa probar lo que siempre las señoras presintieron: que les adivinaban lo que iban a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón", dijo.

Segundo tema. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, nada menos que en el salón Felipe Vallese de la central obrera. Les confirmó que el sábado próximo viajará a Washington una misión de funcionarios a reunirse con el staff del Fondo Monetario para avanzar en el acuerdo y en el mercado descuentan que podría concretarse antes que termine el año, previo paso por el Congreso.

Así se afirma, a partir de que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York subieron en algunos casos más del 13%, rebotaron bonos y en Buenos Aires el índice Merval saltó un 7,4%. También bajó el famoso Riesgo País, etc. Todos indicadores de que el acuerdo con el Fondo Monetario estaría al caer. Una frase de Guzmán arrancó ayer el aplauso de los líderes sindicales: "El acuerdo con el FMI no implicará ajuste para los trabajadores", dijo el ministro. Según trascendidos del fin de semana, el acuerdo no incluiría la exigencia de una reforma laboral. Lo cual es una buena noticia para los dirigentes sindicales y para los trabajadores que se encuentran encuadrados en convenios colectivos. El problema es que hay una porción enorme de trabajadores informales. Según un estudio de la OIT, el 82% de los empleos surgidos en la Argentina después del segundo trimestre de 2020 no tiene protección social. Por eso, en términos de consenso social, vale preguntarse: ¿Cuánto vale la foto de ayer con la CGT?

Último tema. Días pasados informábamos sobre el triunfo de Xiomara Castro, esposa del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fuera depuesto por un golpe de Estado en 2009. Castro, de 62 años, ganó con una fuerza de izquierda por aproximadamente 20 puntos, aunque no se han terminado de contar los votos aún. Hace horas, acaba de anunciar 30 medidas para los primeros 100 días de gobierno. No podré resumirlas a todas, pero leo algunas.

Lucharé y apoyaré la derogación de las leyes de la dictadura; el primer día de mi Gobierno, convocaré a una Consulta Popular para una Nueva Constitución; ordenaré la recuperación de las empresas estatales que le proveen servicios al pueblo; venta inmediata del avión presidencial, los vehículos de lujo del Estado, una disminución a los altos y desproporcionados sueldos de funcionarios y todo gasto oneroso, programas e instituciones que dupliquen funciones; crearé una secretaría para que el Estado hondureño organice sus recursos a favor del desarrollo humano, abandonado por la aplicación del modelo neoliberal; de inmediato abriré relaciones diplomáticas y comerciales con China Continental; reduciré el precio de la energía eléctrica; revisaremos y cancelaremos legalmente los contratos de energía eléctrica otorgados por el Estado a precios sobrevalorados, previo pago de un precio justo; reduciré los impuestos de los combustibles; ordenaré de forma inmediata, una auditoría internacional sobre la deuda interna y externa, y la readecuación de la misma; no impondré ni un solo impuesto al pueblo hondureño, ni al sector productivo, ni comercial, ni mucho menos a los pobres; cancelaré los impuestos que han afectado al consumidor final y la competitividad del sector empresarial; impondré compromisos de aportación a los grandes capitales financieros, y con esos aportes, financiaré becas y empleo para las y los jóvenes.
Salteando algunas pocas llegué hasta la propuesta 15. Son 30. Se trata de Honduras, un pequeño país centroamericano, fuertemente influido por EEUU, como toda Centroamérica, salvo Cuba, y que viene de 12 años de gobierno autoritarios, de derecha. Un país donde comenzó, en 2009, la zaga de golpes blandos y duros que de a poco fue terminando con los gobiernos populares en Latinoamérica. Esperemos que esta vez la historia sea distinta.