La deuda exigible en materia impositiva, previsional y aduanera que no está regularizada y que puede ser considerada dentro de una ampliación de moratoria es de $281.700 millones de pesos, entre personas físicas y jurídicas, y el monto total asciende a $500.000 millones al sumar los planes de regularización vigentes.

Así lo informaron esta tarde el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, al presentar los detalles del "proyecto de ampliación de moratoria para todo tipo de empresas y sectores" que ingresó al Congreso de la Nación.

Marcó del Pont explicó que esta ampliación tiene como objetivo incorporar a las empresas de mayor tamaño que habían quedado fuera de la moratoria anterior, pero también a las personas humanas que no tiene certificado de PyME a sus beneficios.