El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía, Javier Iguacel, por disponer una compensación para las empresas productoras de gas a raíz de la devaluación del peso cuando las tarifas están dolarizadas.

Además, en la denuncia que recayó ante la juez María Servini, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese "pago extra" que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían -si la medida se cumple- abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019.

"La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1 de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019", dijo el fiscal.

Si bien la autorización oficial apunta a que sean las distribuidoras las responsables de realizar el cobro de las 24 cuotas, las beneficiarias finales de ese dinero serán las empresas productoras de gas.

Para el fiscal, la resolución 20/2018 dictada por Iguacel la semana pasada provoca "un perjuicio al patrimonio de los consumidores".

Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.