El municipio de Pilar aprobó una reforma en su esquema tributario local: a partir del 1° de diciembre de 2025, la antigua tasa fija que gravaba a supermercados e hipermercados fue reemplazada por un nuevo sistema de alícuota —la Tasa de Protección Ambiental—, que exige ahora un 2 % sobre cada operación de venta. Esta medida generó reacciones inmediatas en el sector comercial y despertó preocupación en consumidores.

Armando Eugenio Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), dialogó con Creer o reventar y expresó que este tipo de incrementos representan una carga tributaria excesiva que recae directamente sobre los comercios y los consumidores.

"Este nuevo impuesto que pusieron en Pilar se va a trasladar a precios y lamentablemente todos los pilarenses van a pagar más caro la mercadería", subrayó.

En su visión, aplicar el 2 % sobre el total de cada ticket —sin mínimos no imponibles ni umbrales— equivale a aumentar de forma automática el costo de vida, afectando con más dureza a quienes consumen productos básicos y cotidianos.

"Hay que cortar definidamente con esos abusos, con una reforma impositiva profunda, que incluya todos los impuestos provinciales y municipales como lo ha hecho Brasil", afirmó.