Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA repudian la cesión al club River Plate del campo de deportes de esa antigua unidad de la Armada, donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un centro clandestino de detención ilegal.

El predio en cuestión se utilizó para incinerar los cuerpos de los detenidos asesinados en el centro de exterminio, el más grande que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires en tiempos del terrorismo de Estado.

En ese sentido, el sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Carlos Loza argumentó que "se está poniendo en peligro el conocimiento de la verdad y la memoria".

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Dicha cesión, bajo la figura de permiso precario de uso gratuito, se formalizó a través de un convenio firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y River, luego de que en diciembre la institución informara al juez federal Ariel Lijo - quien lleva adelante actualmente la megacausa ESMA- el pedido del club del permiso de uso y que esa autorización se diera hacia finales de mayo de este año.

Sin embargo, el juzgado de Lijo dispuso que, antes de que el club haga reformas sobre el terreno, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) debe analizar el lugar con "excavaciones controladas, sistemáticas y exhaustivas" con el objeto de "proceder a la búsqueda de inhumaciones clandestinas presuntamente acaecidas durante el período 1976-1983".

La organizaciones que se oponen son Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); el Comité de Acción Jurídica (CAJ); el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), HIJOS Zona Oeste, entre otros.