Así lo resolvió anoche el juez supremo Juan Carlos Checkley mientras el Congreso peruano discutía adelantar a 2023 las elecciones generales, propuesta por el Gobierno de Dina Boluarte, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, en un marco de continuidad de las protestas que ya suman 10 muertos.
Ramiro Poce, del Servicio Informativo, con los detalles sobre la situación peruana.
El expresidente peruano Pedro Castillo, detenido desde el 7 de diciembre, fue acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde.
Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió para el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Por su parte, Boluarte en un acto, al exhortar al Congreso, remarcó: "Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo".
El legislativo, muy fragmentado y dominado por la oposición de derecha, parecía haber recogido el reclamo de comicios cuanto antes: extendió las sesiones ordinarias, citó al ministro de Justicia, José Tello, y a las autoridades de los organismos electorales para que expliquen los pasos técnicos necesarios y se encaminaba a votar el adelantamiento.
El titular del Congreso, José Williams, explicó la extensión de las reuniones ordinarias hasta el 28 de febrero próximo como un paso para "lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios".
Y congresista Jaime Quio Sarmiento, del hasta hace poco oficialista Perú Libre (PL), fue quien expuso sobre el proyecto que "se propone resolver la actual crisis política, económica y social que vienen afectando los valores y las libertades ciudadanas", que, advirtió, "impide el desarrollo del país y pone en riesgo el sistema democrático".
Al ministro Tello le tocó dar detalles de plazos, porque variar la fecha de comicios implica una reforma constitucional: propuso para este mes la primera votación en el Parlamento, la segunda en enero o febrero y convocatoria en julio con la idea de elecciones presidenciales y de congresistas en diciembre del año próximo, aunque también especuló con otro escenario de comicios en abril de 2024.
Lo escoltaron, y avalaron de hecho su iniciativa, Piero Corvetto, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y Jorge Salas, de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Mucho antes, Boluarte había marcado el terreno con la expresión de "acá nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", en un discurso en el que además expresó también que "ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo".
"No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, unidad y la esperanza de un país que merece más de sus países", indicó la jefe del Estado, exvice de Castillo que quedó al frente del Gobierno cuando el exmandatario fue destituido tras anunciar la disolución del Congreso.
También la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso, ante el inusual cuadro de protestas callejeras, a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones.
"Instamos al Congreso de la República a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones. La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional", señaló el comunicado del organismo autónomo.
Mientras, las manifestaciones y protestas -las más fuertes en el sur del país- ya dejaron al menos 9 muertos, 171 personas hospitalizadas o atendidas, 71 personas detenidas y 216 policías heridos.
La jornada dejó también un entredicho diplomático: la Cancillería llamó en consultas a los embajadores peruanos en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la presunta intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países.
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