El vicepresidente del Concejo Municipal y presidente del Bloque Cambiemos, Roy López Molina, elevó un pedido de informes para que la Municipalidad de Rosario aclare si Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barrabrava de Central, explota chapas del servicio público de taxis por intermedio de terceros o tiene contratos con el Estado a través de otras firmas a su nombre.

El planteo del concejal fue a raíz de los allanamientos a una propiedad de Ibarlucea en el que secuestraron 2.500.000 de pesos en el marco de una investigación de la Justicia provincial, y tras declaraciones de su abogado, que reconoció en medios de comunicación que el efectivo era producto de ganancias sobre negocios con un servicio público.

Al edil de Cambiemos le llamó la atención que "no existe ningún titular de taxis bajo el nombre de Andrés Bracamonte" pero que sí "figuran, al menos, seis licencias a nombre de familiares directos".

Para López Molina, corresponde al Departamento Ejecutivo ejercer un fuerte control sobre los titulares o sus allegados en caso de licencias de un servicio público"a los fines de evitar que sea utilizado para blanquear ganancias de actividades delictivas o para introducir dinero negro en el circuito legal".