La justicia resolvió sobreseer a Néstor Zambelli, César Pérez y Ludmila Vega por considerarse extinguida la acción penal por plazos procesales vencidos por parte de la fiscalía. Antes, se había pronunciado a favor de que la Defensoría del Pueblo se presente como querellante.

"El Ministerio Público sabe los plazos que le corresponden a su tarea" que son 60 días, dijo durante su argumentación la jueza Carolina González y agregó "mi función como juez de garantías es controlar que el proceso se cumpla de acuerdo a lo que dice el Código Procesal y hacer respetar la ley".

"No puedo ver, honestamente, cuál es la complejidad de la criminalidad de esta situación", continuó la jueza. "La utilización de facturas apócrifas es una de las maniobras más comunes de estafa que llegan a los tribunales donde investigamos delitos contra el patrimonio". "El escenario de donde se estaba investigando se conocía. A mi me llamó la atención el recorte de la acusación porque firmé un allanamiento el 15 de septiembre de 2016, donde se ordenaba el secuestro de mucha documentación y hoy estoy sentada en esta sala de audiencias y me encuentro con que esta investigación a lo largo de 10 meses terminó en la imputación de 22 facturas apócrifas. ¿Cuánto tiempo puede llevar esta investigación?", interpeló a la fiscalía a quien dijo que "debía saber que se estaba arriesgando a esto".

"Aunque el periodista Aliaga haya denunciado muchísimas más cosas, y como dice la defensa, el periodista logró cumplir una actividad de investigación que la fiscalía trajo acá y encima recortada. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos olvidamos de las víctimas? Yo voy a hacer cumplir los plazos procesales aunque no merezca el aplauso" sentenció la jueza y citó los fallos en los cuales se basó su criterio.