El pedido está relacionado con el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial y fue impulsado por la diputada nacional del Frente de Todos junto al diputado nacional Pablo Carro. Argumentó la presentación “basados en la necesidad de cumplimiento del derecho a la salud de las y los trabajadores judiciales, magistrados y funcionarios del Poder Judicial”.
María Rosa Martínez advirtió que “hay antecedentes de mal desempeño en las funciones de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, en referencia a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
En ese sentido, detalló que “se registran irregularidades con el funcionamiento, denuncias penales de investigación vinculadas a los nombramientos y delegación de firmas, así como a la gestión de la obra social”.
La diputada oficialista señaló que “la falta de controles y vacancia en el Directorio han sido las causales de denuncias y de causas penales” y, por ello, fueron incorporadas “a los cuatro grandes ejes de demanda vinculados al juicio político” impulsado contra los miembros del máximo tribunal de justicia.
Para Martínez, “promover el juicio a la Corte es algo que prevé la Constitución Nacional” y, en ese marco, fundamentó que “lo que intentamos es generar un proceso justo y acusatorio que tiene que ver con rendir cuentas”.
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