El juez federal Daniel Rafecas desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal presentada por diputados del Frente de la Victoria (FPV) contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la emisión de Lebacs y el endeudamiento externo.

En su resolución, el magistrado consideró que los hechos denunciados "no configuran delito alguno y por lo tanto no resulta posible abrir una causa penal" por tratarse de cuestiones de política económica "no judiciable".

Rafecas desestimó también el dictamen de la fiscal Paloma Ochoa en favor de abrir una investigación penal sobre la cuestión a los que la denuncia calificaba de "defraudatorios y perjudiciales para el país".

"Los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno, conforme resulta de público y notorio, se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación”, escribió Rafecas en su fallo.

Añadió que "los actos cuestionados en el presente se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos de gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, pues no le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico-financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado Nacional”.

La denuncia de los diputados kirchneristas se basó en los argumentos usados por el juez federal Claudio Bonadio para procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por el dólar futuro, próxima a ser enviada a juicio oral por "administración fraudulenta" junto al ex ministro Axel Kicillof y al ex titular del Central, Alejandro Vanoli.

“La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado 'gobierno de los jueces', o más modernamente, la 'judicialización de la política'" sostiene Rafecas.

Para el magistrado, se trata de "resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar la gestión cotidiana de la administración, propia del Poder Ejecutivo, a los tribunales judiciales”.

Asimismo, para Rafecas las decisiones de política económica presentadas en forma de denuncia penal “...no son otra cosa que la materialización de decisiones enmarcadas en la normativa legal que regula este ámbito de la gestión de gobierno, y por ende, se encuentran amparadas –desde el punto de vista objetivo- en la legislación vigente".

Dicha normativa le asigna al BCRA "amplias facultades para regular, a nivel nacional, las fluctuaciones y tensiones –ciertamente inevitables- entre distintos factores de la economía y del mercado de capitales que además, se influyen y afectan mutuamente, tales como el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación”.

Rafecas enfatizó que "si la política económica de una administración resulta acertada o no, a partir de la estrategia que se diseñe desde su conducción para regular dichos factores (tipo de cambio, tasas de interés, inflación), forma parte esencial de la gestión global de un gobierno, que habrá de ser sometido bianualmente a consideración del voto popular", y no es algo que pueda ser definido en el ámbito penal.

Abundando sobre esa consideración, el titular del Juzgado Federal 3 de la Capital considero que, de otra manera, "ello convertiría en imposible la gestión de cualquier administración pública, no sólo en materia económica (como es el presente caso), sino también en muchos otros planos, pues el mismo peligro de parálisis se correría en asuntos tan dispares como política exterior, salud, educación o seguridad, entre muchos otros asuntos de gobierno”.