Desde LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas, la directora Luz Scarpati explicó de qué se tratan los cambios sancionados por la Legislatura de provincial que implican la equiparación de bibliotecarios, preceptores, asesores pedagógicos y trabajadores de otras actividades con las y los docentes de grado para acceder a la jubilación.
Con este nuevo encuadramiento esos trabajadores podrán acceder a la jubilación a los 50 años, al igual que los maestros y profesores.
Si bien la reforma cuenta con el aval del gremio educativo, sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego la rechazaron al considerar que "atenta contra la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social" de la provincia.
El gremio inició reuniones informativas con los afiliados y se declarará "en estado de alerta y movilización".
"Lo que se hizo fue modificar las condiciones de jubilación de unos pocos en desmedro de muchos compañeros y compañeras de toda la administración pública provincial y municipal", se quejó la organización en un comunicado oficial.
Según ATE, la medida "favorece a un sector minoritario desentendiéndose de todos los demás aportantes de un sistema solidario".
La ley sancionada sobre tablas en la madrugada del sábado incorpora como beneficiarios de una jubilación docente en la provincia (a los 50 años de edad, con 25 de servicio y 10 de ellos frente al grado) a "bibliotecarios, tutores, preceptores, asesores pedagógicos, miembros de equipos interdisciplinarios de gabinete y equipos de orientación", por "su participación activa dentro del proceso enseñanza aprendizaje".
Además, la norma pone en cabeza del Ministerio de Educación provincial la "certificación de servicios" de cada caso en particular, atribuyéndole así la facultad de resolver los casos que se presten a confusión o duda.
El criterio de incluir en la jubilación docente a trabajadores que no dictan clases de forma efectiva había sido anticipado por la propia ministra de Educación Fueguina, Analía Cubino, a través de una resolución ministerial.
Sin embargo, la medida fue cuestionada por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y ello derivó en que el conflicto llegara a la Legislatura donde alcanzó el rango de modificación legal.
No es la primera vez que una reforma jubilatoria en Tierra del Fuego genera polémica: en octubre del año pasado la Legislatura sancionó una ley que permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse a los 55 años y cobrar hasta el 88% de su sueldo en actividad.
Esa norma también cambió la forma de calcular el haber jubilatorio, que antes remitía al promedio de los sueldos de los últimos 10 años de actividad, y ahora promedia los mejores 60 sueldos de esos últimos 10 años.
A su vez, la ley permite que quienes ya están jubilados por el régimen actual puedan solicitar la redeterminación de su haber de acuerdo al nuevo sistema, aunque no podrán exigir el pago de sumas retroactivas.
Por otro lado, la periodista dio precisiones sobre la aprobación por parte del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) de un préstamo de US$ 65 millones en favor de la provincia que será destinado a la construcción de un parque eólico en la ciudad de Río Grande.
Las autoridades fueguinas destacaron, a través de un comunicado, que se trata de la primera financiación que otorga esa entidad financiera a la Argentina como país miembro, y que servirá para impulsar el “primer proyecto de energía renovable a escala comercial en la provincia”.
Por su parte, el vicepresidente de operaciones de inversión para la región dos del BAII (que comprende a Pakistán, Afganistán, Asia Central, Oriental y Occidental, Europa, África y América Latina) Konstantin Limitovskiy, sostuvo que el proyecto “abre un nuevo mercado” para la entidad y le permitirá trabajar con otros países de la región.
“Argentina es un actor crucial en la transición energética y el BAII apoya plenamente su objetivo de implementar proyectos que generen mejoras ambientales locales e inversiones dedicadas a la acción climática”, indicó Limitovskiy.
El secretario de Hidrocarburos provincial, Alejandro Aguirre, comentó que “luego de un largo trabajo técnico por parte de los equipos del gobierno se ha logrado por primera vez que el BAII apruebe un crédito para Latinoamérica, específicamente para Tierra del Fuego”.
“Lo que buscamos es generar energía eólica apuntando a la sustentabilidad ambiental con reducción del consumo de gas y de emisiones de dióxido de carbono, como así también responder a la demanda presente y futura de energía en el marco de la ampliación de la matriz productiva fueguina”, agregó Aguirre.
Según el gobierno fueguino, aunque “el mix energético” de la provincia se basa íntegramente en combustibles fósiles, existe un gran potencial en relación a la energía eólica.
“Los estudios demuestran que la velocidad media anual del viento en la zona es excepcional, con velocidades superiores a los 10 metros por segundo durante al menos 5000 horas al año. A través del préstamo, BAII financiará un parque eólico de 33,6 megavatios, así como una línea de interconexión de 33 kilovoltios y el desarrollo de estudios de factibilidad para otros parques eólicos en la provincia. El 100% del financiamiento del BAII califica como mitigación climática”, precisó el comunicado.
También mencionó que el proyecto está alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional por Argentina, ya que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable.
El BAII es un banco multilateral de desarrollo cuya misión es financiar infraestructura centrada en la sostenibilidad que comenzó sus operaciones en Beijing en enero de 2016 y desde entonces ha crecido hasta contar con 109 miembros aprobados en todo el mundo.
La entidad cuenta con una capitalización de US$ 100.000 millones y una calificación Triple A de las principales agencias internacionales de calificación crediticia.
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