El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años y definió los mecanismos para su aplicación en la Justicia nacional y federal. 

La medida quedó establecida mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y reglamenta la Ley 27.801, que redujo a 14 años la edad de imputabilidad.

El nuevo sistema permite que los adolescentes alcanzados puedan ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, bajo un régimen diferenciado del de los adultos. Prevé condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad. 

El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la coordinación general.

Entre las principales novedades aparece la figura del “supervisor especializado”, encargado de acompañar, asistir y controlar al adolescente durante el proceso judicial. 

Los profesionales deberán contar con formación en áreas como educación, psicología, adicciones o trabajo social y serán seleccionados por los jueces a partir de un registro específico. 

Hasta su conformación definitiva, prevista en un plazo máximo de 180 días, funcionará un listado provisorio.

Además, se creó un Comité Interministerial integrado por Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud para coordinar políticas de prevención, abordaje, reinserción y aplicación de penas alternativas. 

También funcionará una Mesa Federal para articular criterios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La reglamentación reconoce además derechos para las víctimas, entre ellos asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito, y establece capacitaciones para jueces, fiscales, defensores y otros operadores judiciales. 

También habrá comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia para el seguimiento de los adolescentes, bajo las condiciones de reserva previstas por la ley.