El gobierno de Santa Cruz presentó a través del fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, el pedido de inconstitucionalidad del DNU Nº 566, que fijó un precio diferencial al crudo y recortó regalías a la provincia por más de $ 600 millones mensuales.

Al no haber avances en las negociaciones con Nación, Tanarro explicó que se avanzó con esta presentación al violentarse "el régimen federal hidrocarburífero de la Nación que regula la actividad petrolera", inmiscuyendose así "con los recursos provinciales" a la vez que no estaría "demostrada ni la urgencia ni la necesidad, ni  el porque no se puede remitir el Congreso de la Nación para que sea tratado como una ley".