Milagro Sala fue internada de urgencia en un sanatorio privado de San Salvador de Jujuy, por una trombosis venosa profunda. La líder del Movimiento Barrial Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 después de más de un mes de acampe en la plaza frente a la Casa de Gobierno en protesta por las medidas que implementó el gobernador, Gerardo Morales, para el registro de cooperativas.

Con más de una decena de causas en las que está procesada, la militante social es apoyada por diferentes organizaciones de derechos humanos por considerarla una presa política víctima de persecución por su importante compromiso y trabajo con los sectores más pobres de Jujuy.

La salud de Sala reabrió el debate sobre su situación judicial y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajó para visitarla y brindarle su apoyo, ante lo cual desde distintos sectores reclamaron el indulto. Al respecto de esto, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat explicó que esa posibilidad no cabe entre las facultades del mandatario quien está habilitado a indultar sobre condenas firmes por parte de la Justicia Federal. En este caso, explicó el especialista, el indulto sólo le cabería a la Justicia Provincial de Jujuy porque las causas están bajo su órbita, además de que hay causas que todavía no están cerradas.

"El foco no hay que ponerlo en el indulto sino en el hecho de que se está afectando a la vida, el derecho a la salud y la integridad física y mental de la perseguida Milagro Sala, en una serie de procedimientos que son ajenos al Estado de derecho y la defensa en juicio", explicó Barcesat y agregó: "Es una irregularidad la situación judicial de Milagro según lo han dicho los respectivos órganos de tutela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de DD.HH. de la ONU, que dictaron resoluciones emplazando al gobierno argentino a dar cumplimento a las mismas. Entonces si el Presidente no toma una iniciativa y el día de mañana ocurre una situación afectatoria mayor a Milagro, la responsabilidad es del Estado Nacional y el representante legal del Estado es el Presidente. Creo que corresponde que el Congreso Nacional intervenga los tres poderes de Jujuy por su manifiesto apartamiento a las garantías de los valores esenciales de la vida, la libertad y la integridad de la persona".