La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de gobernadores e intendentes en funciones y de gestiones anteriores investigados por presuntos delitos en la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos, puesto en marcha por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La decisión alcanzó, entre otros, a los gobernadores de Chaco y Santiago del Estero, Jorge Capitanich y Gerardo Zamora; a los exmandatarios de Misiones Maurice Closs y de Santa Fe Miguel Lifschitz; a los intendentes de Ezeiza, Alejandro Granados, y de Tigre, Julio Zamora, y al exjefe comunal de Almirante Brown Darío Giustozzi.

La resolución adoptada por los jueces de la sala I del tribunal de apelaciones confirmó lo resuelto en primera instancia por el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi que los había sobreseído tras entender que los fondos investigados "provenían del Estado Nacional, y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación".

El magistrado había señalado que "las provincias y municipios fueron relegados en este aspecto a un rol inerte", a la hora de analizar "suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, circunstancia que permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender", como sus apoderados, "manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos" de los cuales, según la acusación, se habrían desviado "206.438.454,05 de su destino específico".

En un fallo anterior, el mismo juez había señalado que "las jurisdicciones locales no tenían la originaria responsabilidad en la concesión de los fondos públicos comprometidos", razón por la que "no parece posible reprocharles a sus responsables el sometimiento a las exigencias de los funcionarios que sí la tenían para acceder a esos financiamientos".

La confirmación de los sobreseimientos fue dispuesta por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que sostuvieron que las apelaciones de la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) no incluían elementos que permitieran revertir la decisiones del juez del caso.