El subsecretario de Políticas Educativas de Salta, Alejandro Williams Becker, explicó que esa fue la razón por la que se dejó sin efecto el convenio de más de 21 millones de pesos con una consultora externa. El objeto del pago era el monitoreo administrativo y nutricional en todos los comedores escolares de la provincia en febrero y marzo. Pero como la decisión administrativa fue firmada recién en marzo, era inaplicable.

Las consultas se hicieron dado que el desembolso se iba a hacer en el marco de una situación de ajuste por los recortes dispuestos por el estado nacional, y por tareas que en principio serían paralelas a las que realizan las auditorías de provincia y Nación. Al respecto, Williams Becker justificó que la contratación de consultas externas son recomendadas por los expertos en políticas públicas.

Por último, afirmó que el convenio resultó inaplicable porque el monitoreo debía hacerse en comedores, en febrero y marzo, y el instrumento administrativo fue firmado recién en marzo. Añadió que el monitoreo de los fondos es algo que solicita la Nación para poder destrabar aquellos que aún persisten recortados.